La falta de apoyos adecuados y efectivos condena a las personas con discapacidad a una dependencia pasiva y deja sin desarrollar la asistencia personal
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado hace 18 años mediante la Ley 39/2006, necesita una refundación urgente que garantice de forma efectiva la autonomía personal y la asistencia necesaria para las personas con discapacidad física y orgánica. Por eso, IMPULSA IGUALDAD Castilla y León exige que esta reforma se asiente sobre un pacto de Estado que convierta el derecho a la autonomía en una realidad y no en una promesa incumplida.
Tras casi dos décadas desde su puesta en marcha, el SAAD presenta graves deficiencias estructurales. Entre ellas, la falta de impulso a la figura de la asistencia personal, un recurso clave para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida de forma independiente y en igualdad de condiciones. En lugar de promover la autonomía, el sistema perpetúa la dependencia pasiva, dejando en segundo plano las necesidades reales de las personas que requieren apoyos personalizados para llevar una vida activa y plena.
IMPULSA IGUALDAD Castilla y León denuncia también otros problemas estructurales que lastran el sistema, como la infrafinanciación crónica, la desigualdad territorial, la burocratización excesiva que genera interminables listas de espera, y los copagos abusivos que dificultan el acceso a los servicios esenciales.
La asistencia personal es un derecho fundamental, reconocido tanto en la Ley de Dependencia como en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en España sigue siendo un recurso infrautilizado y prácticamente inexistente en muchas comunidades autónomas. Esto supone una vulneración flagrante de los derechos de las personas con discapacidad, a quienes se les impide participar plenamente en la sociedad y vivir con la dignidad y autonomía que merecen.
Desde IMPULSA IGUALDAD Castilla y León hacen un llamamiento a las fuerzas políticas, administraciones públicas y agentes sociales para que prioricen la refundación del SAAD, con especial atención a la asistencia personal como eje vertebrador de un sistema que verdaderamente promueva la autonomía y garantice los apoyos necesarios a las personas con discapacidad.
