Entre las enmiendas vetadas por el Gobierno durante su tramitación en el Congreso están la extensión de los efectos fiscales de la equiparación entre determinados grados de dependencia y discapacidad, la aplicación de un IVA reducido a ciertos productos, elementos y obras vinculados a la eliminación de barreras arquitectónicas y determinadas mejoras relacionadas con la financiación, el copago y los servicios del sistema de dependencia
La federación IMPULSA IGUALDAD Castilla y León aplaude la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que desarrolla el artículo 49 de la Constitución y refuerza el enfoque de derechos en las políticas de discapacidad, autonomía personal y cuidados.
La organización valora positivamente que la reforma avance hacia el reconocimiento de la capacidad de las personas para decidir cómo, dónde y con quién quieren vivir, reforzando los apoyos necesarios para desarrollar sus proyectos de vida con mayor autonomía. Este cambio de enfoque supone un paso relevante para superar progresivamente modelos excesivamente asistenciales y situar en el centro la vida independiente, la libertad de elección, la accesibilidad universal y los apoyos personalizados.
«Estamos ante una reforma importante porque avanza desde un modelo asistencial hacia otro basado en derechos, autonomía personal y libertad de elección. El reto ahora es conseguir que esos derechos reconocidos sobre el papel puedan ejercerse realmente en la vida cotidiana», señala Fran Sardón, presidente de IMPULSA IGUALDAD.
Avances aún pendientes
La entidad advierte, no obstante, de que la aprobación de la ley no puede dar por cerrado el debate sobre las enmiendas propuestas durante su tramitación en el Senado, que han resultado afectadas por el veto presupuestario del Gobierno.
En este sentido, IMPULSA IGUALDAD respalda la reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y reclama que se articulen las vías legislativas y presupuestarias necesarias para recuperar estas propuestas.
Entre ellas, considera especialmente necesario resolver la contradicción que supone reconocer legalmente la equivalencia entre determinados grados de dependencia y discapacidad y excluir sus efectos en el ámbito tributario. La reforma reconoce una discapacidad del 33 % a las personas con dependencia de grado I y del 65 % a quienes tengan reconocidos los grados II y III en los ámbitos previstos por la ley, pero mantiene fuera de esta equiparación sus consecuencias fiscales.
Para IMPULSA IGUALDAD, la equiparación debe avanzar también en esta dirección. Las personas con discapacidad y en situación de dependencia afrontan sobrecostes vinculados a los apoyos, los cuidados, la movilidad, la accesibilidad, los productos de apoyo o la adecuación de sus entornos, por lo que las medidas tributarias constituyen un instrumento relevante para reducir las desigualdades económicas asociadas a estas situaciones.
Otras propuestas que se han visto vetadas durante la tramitación son la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), el IVA reducido para determinados productos, obras y elementos destinados a eliminar barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas y distintas mejoras adicionales en materia de financiación, copago y servicios.
«Valoramos los avances conseguidos, pero una reforma de esta dimensión debe aspirar a eliminar también las barreras económicas que limitan la autonomía de muchas personas. Por eso pedimos que las mejoras que han quedado fuera encuentren una respuesta y no se dé por terminado aquí el proceso», añade Sardón.
Desde la federación, además, lamentan el recorrido político que han tenido las enmiendas propuestas en el Senado, puesto que consideran que algunas de estas cuestiones podrían haberse abordado en fases previas de la tramitación.
Más autonomía, menos burocracia y derechos reforzados
La reforma incorpora cambios de alcance en los sistemas de discapacidad y dependencia y amplía el catálogo de derechos, servicios y apoyos reconocidos legalmente.
Se refuerza la asistencia personal, se amplían los apoyos domiciliarios y comunitarios y se elimina el régimen general de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, de manera que puedan combinarse diferentes recursos en función de las necesidades y preferencias de cada persona.
La norma agiliza también los procedimientos administrativos vinculados a la dependencia y establece un plazo máximo de tres meses para resolver su reconocimiento, una medida destinada a reducir tiempos de espera y facilitar el acceso efectivo a las prestaciones.
En materia de accesibilidad, la reforma consolida la accesibilidad universal como derecho y contempla la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para impulsar actuaciones en entornos y servicios públicos. Asimismo, introduce modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal destinadas a facilitar la realización de obras y mejoras en edificios de viviendas.
La nueva legislación refuerza también la protección frente a la discriminación por razón de discapacidad, incorpora avances en materia de seguros y regula nuevos apoyos para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones.
Otro de los elementos relevantes es el fortalecimiento de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El nuevo marco se desarrolla además en un contexto de incremento de la aportación estatal al SAAD, con el objetivo anunciado de que el Estado alcance en 2027 el 50 % del gasto total del sistema.
La aprobación definitiva de la reforma abre ahora una fase decisiva: la de su desarrollo y aplicación efectiva. IMPULSA IGUALDAD considera imprescindible que los nuevos derechos cuenten con financiación suficiente y sostenida en los próximos ejercicios presupuestarios, desarrollos reglamentarios adecuados y una implantación homogénea en todo el territorio, de manera que se traduzcan en mejoras reales en la autonomía, la igualdad de oportunidades y la capacidad de elección de todas las personas con discapacidad y en situación de dependencia.