PREDIF Castilla y León insta a los colegios electorales a que cumplan con la normativa de accesibilidad e inclusión social

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En la celebración hoy, 3 de mayo, del Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la federación defiende que las personas con discapacidad deben tener garantizado su derecho al voto, sin que ningún obstáculo les impida ejercerlo

La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León, PREDIF, insta a los colegios electorales a que cumplan con la normativa de accesibilidad universal y de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social con el fin de garantizar que puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos, sin que ningún obstáculo se lo impida, discriminación que siguen sufriendo.

Así lo reclama hoy, 3 de mayo, en el Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra en España desde hace cuatro años, y que en este 2023 se exige el “derecho a la participación política de las personas con discapacidad”, ya que más 160.000 personas con discapacidad de la comunidad autónoma están llamadas a las urnas el próximo 28 de mayo.

Por ello, la federación defiende que deben tener garantizado su derecho al voto en los procesos electorales, como así se recoge en el artículo 29 de la Convención sobre participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, donde los Estados Partes les garantizarán que sea “en igualdad de condiciones con las demás, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas” como representantes públicos y visibilizarlas como sujetos activos en el desarrollo de políticas que recojan las necesidades de este sector de la población.

Asimismo, es imprescindible que “los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar”. De este modo, podrá protegerse su derecho al voto en secreto y la libre expresión de su voluntad, solo con el apoyo de una persona si es necesario y ellas mismas lo solicitan. Para ello, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.