Desde la federación autonómica evidencian que las entidades sociales no llegan a cubrir ni el 20 % de la demanda de transporte adaptado, un modelo que, en cualquier caso, no debería ser la respuesta estructural a un problema de derechos
IMPULSA IGUALDAD Castilla y León denuncia que el acceso al transporte para las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente. La federación lidera desde hace años la demanda por una movilidad accesible real con la exigencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad de todas las personas.
Francisco Sardón, presidente de la entidad, señala que “hay un grave déficit en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas. Estamos hablando del transporte a la demanda, de los eurotaxis, de los aviones, de los trenes, de los autobuses; en definitiva, del transporte en general”.
Sardón incide en que este déficit no afecta solo a quienes utilizan silla de ruedas, sino también a personas que emplean bastones o andadores y a quienes tienen necesidades de accesibilidad cognitiva. En todos los casos, la falta de soluciones en el sistema de transporte general ha recaído históricamente sobre las propias entidades del sector.
“Muchos de estos transportes los están cubriendo las entidades sociales con furgonetas adaptadas, pero en los últimos años no estamos llegando a la financiación para cubrir ni siquiera el 20 % de la demanda de este tipo de transporte”, un modelo que, en cualquier caso, no debería ser la respuesta estructural a un problema de derechos.
Estas demandas se expusieron en la jornada Movilidad accesible y transporte público: la deuda pendiente con las personas con discapacidad, organizada por la confederación IMPULSA IGUALDAD, bajo la premisa: “La movilidad no es un servicio, es un derecho. El derecho existe, pero la realidad desmonta cada día ese marco normativo”.
IMPULSA IGUALDAD da inicio así a un proceso de construcción colectiva de propuestas que permitan cerrar la brecha entre la legislación vigente y la experiencia real. España cuenta con una de las legislaciones de accesibilidad más completas de Europa y, al mismo tiempo, con una de las tasas de incumplimiento más elevadas. “Queremos evidenciar este problema y empezar a construir soluciones de presente y de futuro”, puntualiza Sardón.
El transporte asociativo: la red invisible que sostiene la movilidad real
Muchas personas con discapacidad solo pueden moverse gracias a los vehículos adaptados de las asociaciones del sector. Estos vehículos —con un coste de entre 40.000 y 80.000 euros— se financian con convocatorias anuales discontinuas y no están reconocidos como parte del sistema de transporte público. Cuando esa red falla, la persona no puede desplazarse de manera autónoma.
Por ello, desde IMPULSA IGUALDAD exige financiación estructural del transporte asociativo con convocatorias plurianuales y línea específica de subvención para la renovación de vehículos adaptados; así como la participación real de las personas con discapacidad en el diseño del sistema de movilidad.