El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que consolida la accesibilidad como un derecho de las personas con discapacidad, desarrolla el artículo 49 de la Constitución, suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia o regula la asistencia personal profesional, entre otras medidas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar dos normas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados. Este texto normativo ha sido impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ha sido presentado por el ministro Pablo Bustinduy, quien ha calificado esta reforma como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” tanto para las personas en situación de dependencia como para las que tienen una discapacidad, y que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.
El ministro Bustinduy ha destacado también que este proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad. Por otro lado, el ministro, ha subrayado que esta reforma va a revertir “dos recortes importantes” de la década anterior:
- El nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.
- El proyecto eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
“Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas”, ha dicho Bustinduy en relación a este proyecto de ley.
El ministro ha declarado, además, que esta reforma legislativa “es necesaria” para actuar ante el reto demográfico al que se enfrenta nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y aumente, así, el número de personas en situación de dependencia. Bustinduy también ha comentado que el proyecto reforzará el nuevo modelo de cuidados en el que trabaja Derechos Sociales con los gobiernos autonómicos en base a la Estrategia estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad (en el hogar o entornos comunitarios) a las personas que requieren de prestaciones por dependencia y a las que tienen una discapacidad.
Asimismo, este martes, el Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este año 2025, este nivel acordado de financiación supondrá una inversión de más de 783 millones de euros (783.197.420 €) por parte del Gobierno de España. Esta cantidad es, por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos. Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio. “Nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014 y para ello vamos a continuar nuestro trabajo tanto en el Consejo Territorial como en el seno del Ejecutivo hasta cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno y llegar al 50% de la financiación en cada autonomía”, ha señalado el ministro.
Más servicios en el catálogo y más prestaciones
Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios en el catálogo:
- Cuidados y apoyos en viviendas compartidas y también nuevos modelos de convivencia colaborativa.
- Se servirán, mediante préstamo o cesión temporal, productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
- Se ofrecerán servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.
Asimismo, otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas. Esta medida aporta seguridad jurídica y evita situaciones de incertidumbre o penalización económica a las familias o personas cuidadoras que han sostenido los apoyos hasta el final de la vida. Supone un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan. Asimismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.
El nuevo texto de este proyecto de ley introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación transitoria o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado. Por ejemplo, si una persona pide acceder a un centro residencial que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. De esta manera, recibirá una prestación transitoria hasta que obtenga plaza en su centro residencial de referencia, en lugar de tener que acudir a otro centro que esté más lejos de su casa y donde la persona tiene menos conexiones sociales, como ocurre actualmente.
Más ayuda en el domicilio y más asistencia personal
Esta reforma legislativa incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra. Siguiendo esta línea, la reforma también incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema. De esta manera se ayuda a desplegar y desarrollar este servicio con el que las personas dependientes reciben el apoyo de un profesional que los ayuda a desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad.
Menos burocracia y más agilidad: pasarela entre dependencia y discapacidad
La reforma de las leyes también contiene medidas destinada a agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Una de las más importantes es el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65 % de discapacidad. Las personas que lo deseen podrán solicitar una valoración individualizada de la discapacidad para obtener un grado de discapacidad superior al previsto automáticamente en estas pasarelas.
Asimismo, esta reforma también agiliza el procedimiento para la revisión del Programa Individual de Atención sustituyendo la burocracia por procedimientos de comunicación más directos con la persona interesada y reforzando el derecho de las personas a participar en la elección de servicios y prestaciones. También se establece un procedimiento de urgencia, de forma que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a los servicios y prestaciones con mayor prontitud. Cabe destacar que la reforma recoge que el tiempo de espera será el segundo criterio de prioridad en el acceso a servicios del SAAD tras el criterio de capacidad económica.
Desarrollo artículo 49
En materia de discapacidad, el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se presenta como un desarrollo normativo del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española. La modificación fue votada en las Cortes Generales con un amplio consenso político a comienzos de 2024 para garantizar más derechos y más dignidad a las personas con discapacidad. De esta forma, la reforma cambiará la Ley de Discapacidad para el reconocimiento de derechos fundamentales como, por ejemplo, la accesibilidad universal. En línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de garantizar su salud sexual y reproductiva. Asimismo, se alude a los niños y a las niñas con discapacidad, poniendo el foco en el fomento del desarrollo infantil a través de los servicios de atención temprana.
Accesibilidad universal
En este sentido, la nueva ley estipula la accesibilidad universal como reivindicable ante cualquier instancia, de forma que se puede exigir la accesibilidad en edificios o en servicios que sean públicos. Para ello, se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear QR para audiodescripciones, etc.
En lo referente al ámbito privado, el proyecto incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Por otra parte, el nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 % al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la reforma que se precise.
El texto añade como novedad en esta segunda vuelta la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural. Las administraciones competentes deberán adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (mediante lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo) y prevé su desarrollo reglamentario en colaboración con las organizaciones representativas. El desarrollo de la accesibilidad no solo se tiene en cuenta para espacios sino también para servicios públicos. Este es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo que, según el proyecto, asegurarán el acceso universal mediante procedimientos accesibles, reforzando así la protección en el ámbito del consumo.
Nuevos derechos
El proyecto de ley incluye nuevos derechos para las personas en situación de dependencia. Por ejemplo, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que tenga garantizado su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Otro derecho importante que recoge esta reforma es el de garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias. Se establecerán las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores.
Más detalles e información sobre este proyecto de ley en esta noticia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Fotografía de la noticia del Pool Moncloa.
